López Obrador nacionaliza pero no atropella

Por Alejandro Murciano Brea

Iberdrola y el Gobierno de México han cerrado un acuerdo de 6000 millones de dólares para el traspaso del 80% de los activos de la compañía vasca en suelo mexicano. Más concretamente, Iberdrola transfiere a una empresa pública once centrales de ciclo combinado (que funcionan con gas) y un parque eólico terrestre. López Obrador, que llevaba en su programa electoral un control público del 55% de la generación eléctrica, ha alcanzado dicha cifra con el pacto y lo ha anunciado públicamente como una "nacionalización". Hasta aquí la noticia que ha podido leerse en cualquier medio de comunicación, nos queda analizar sus implicaciones.

La soberanía energética de las naciones es un debate más al rojo vivo que nunca. Soberanía que se puede entender tanto en términos de no depender del exterior, como de no depender de una empresa privada. Sin ir más lejos, en España ha habido varias polémicas que han salpicado a las empresas eléctricas, y se ha puesto la lupa en cómo la generación de la luz se transmite a la factura de los hogares. Pero no nos engañemos, estas compañías son fundamentales para afrontar retos como la transición energética, y los Estados difícilmente tienen capacidad financiera para comprarlas o para asumir el coste de sus proyectos. Al menos manteniendo mínimamente la seguridad jurídica.

En mi opinión, López Obrador hace una decidida apuesta por asegurar que el Estado tiene peso en un sector estratégico como el que más. Y lo hace como creo que se debe hacer: con una "nacionalización" que respeta las reglas del juego y no atropella la seguridad jurídica. Para ello ha requerido una fuerte inversión pública, pero consigue así seguir cooperando con el sector privado al tiempo que mantiene la batuta en su poder. Iberdrola, de hecho, se ha abierto a seguir trabajando en proyectos de energía limpia con México. 

La inversión extranjera no tiene por qué ser mala por definición. De hecho puede ser una aliada de muchas naciones que necesitan cambiar su modelo productivo o energético. No olvidemos que López Obrador transfiere para el Estado mexicano sobre todo centrales de gas, productivas en el corto plazo pero con pocas miras de futuro. El problema es, en particular para América Latina, cuando las multinacionales se hacen con el monopolio (u oligopolio) de sus bienes naturales o de sus negocios claves. Pero con un Estado fuerte, pienso que la cooperación público-privada es posible. Y potencialmente beneficiosa.

Con todo y con eso, durante estos años buena parte de la prensa española ha criticado los litigios en los que el Estado mexicano ha ido metiendo a Iberdrola. Por supuesto, defienden a ciegas el capital español y la rentabilidad que busca fuera de sus fronteras. Entiendo la defensa a esas inversiones, pero no por encima del derecho de un país a participar en su mercado energético, del cual dependen a su vez todas las industrias. Quizás lo curioso es que, cuando es el capital extranjero el que en parte domina el sistema eléctrico español, se pase de puntillas por el tema. Que cuando Endesa, con una mayoría de accionariado italiano, repatría beneficios a expuertas, el ruido no sea tanto. Lo que finalmente queda -en bastantes ocasiones- es una defensa a ciegas del capital por encima de la soberanía de los Estados. Nada que nos deba sorprender a estas alturas.